El propósito principal de este estudio consistió en determinar que la enseñanza de Derecho en el nivel universitario (grado) se está realizando a la altura de las exigencias actuales de las Ciencias Jurídicas. Como objetivos específicos, se planteó identificar que los pensum de la carrera de Derecho de las Universidades: UASD, UTESA y UNAPEC, están elaborados conforme a los niveles de exigencias de la Secretaria de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SEESCyT). Establecer que el egresado de la carrera de Derecho reúne las cualidades exigidas conforme al perfil desarrollado en los programas de estudios. Para el alcance de los objetivos, el estudio empleo una metodología de tipo descriptivo-comparativo, en el que se combina la investigación bibliográfica y documental con el trabajo de campo. Como instrumento de recolección de informaciones se empleó el cuestionario. El cual fue aplicado a una población de trescientos estudiantes que se dividen en cien (100) estudiantes por cada Universidad en estudio.
Dentro de los principales resultados de esta investigación se destaca que la enseñanza de Derecho en nuestras Universidades está basada en un porcentaje muy alto del concepto metodológico de clases por medio de cátedra. Así mismo, en un uso muy mínimo de técnicas propias para la enseñanza, tales como debates, paneles, redacción de actos, entre otras técnicas que permiten adquirir de forma más significativas los contenidos de las asignaturas que se imparten en el cotidiano vivir de la enseñanza del Derecho en nuestras Universidades.
El estudio recomienda, que las Universidades emprendan una profunda renovación de todos sus elementos estructurales y académicos que componen la carrera de Derecho, que la formación de profesionales cumpla con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), y que los mismos, posean el perfil que requiere la demanda del mercado de trabajo. Pero sobre todo, que reúnan la calidad moral para desempeñarse con absoluto apego a las normas éticas y morales que se les exigen, a los profesionales que intervienen en los diferentes puestos de trabajo del quehacer jurídico.
