En lugar de objetivos la investigación se planteó tres grandes propósitos, en coherencia con las finalidades del programa, a fin de obtener información sobre que cambios produce el Programa de Formación de Educadores en Ciudadanía Crítica en los participantes, en sus concepciones, valores y prácticas, así como son los indicadores de logros y cuales los de mayor dificultad. Estos son: valorar la incidencia del programa, valorar la coherencia de la propuesta como una estrategia de Formación, selección de los participantes.

Para la realización se escogió un grupo que se inicia en la aplicación del Programa, el cual pertenece a la Regional de Educación de San Francisco de Macorís, 80 educadores/as en total, de los cuales se tomaron 14 para la muestra. El modelo propuesto fue construido retomando las fases de un modelo de evaluación de programas que integra diversas perspectivas de evolución de programas; en el que se conjugan perspectivas objetivistas y subjetivistas.

Dentro de las principales conclusiones destaca que hay una coherencia en la determinación de cuales son las necesidades que el grupo experimenta. En lo que se refiere a la necesidad de una mayor formación en este ámbito especifico de los Derechos Humanos y la Ciudadanía no se presenta con demasiados matices, ni con especificaciones sobre donde debe ir esa formación, se relaciona con las necesidades del contexto que se visualiza como una realidad en la que se violan permanentemente los Derechos Humanos y de los ciudadanos.

El estudio propone al Centro Cultural Poveda la recreación permanente de la propuesta e implementación de la misma revisando su organización según las necesidades de los contextos, atender a las expectativas que se generan en las/os participantes para seguir los procesos de alguna manera y desarrollar estrategias que impulsan un movimiento pedagógico amplio de educadores/as; al Ministerio de Educación, plantear la autogestión más incisiva y la corresponsabilidad en la gestión de los procesos. Para ello una estrategia es apoyarse, coordinar y contratar con la capacidad instalada en la sociedad civil (ONGs, centros, organizaciones).